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La prevención del blanqueo de capitales y sus implicaciones

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El blanqueo de capitales es un delito que consiste en encubrir el origen de ciertos fondos o capital que ha sido obtenido de actividades ilegales como pueden ser el tráfico de estupefacientes, el contrabando, la corrupción, etc. Las entidades o personas que realizan este tipo de delito lo hacen con el objetivo de no declarar esos ingresos ilícitos ante la Hacienda que les corresponda.

Como cualquier delito está perseguido y castigado por la ley y la justicia. Una de las medidas que se adoptan para reducir estos delitos es la prevención. Mediante las medidas de prevención se busca que los delincuentes no hagan uso del sistema financiero de un país para blanquear los capitales procedentes de estos negocios.

La regulación de las normas de prevención viene establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De igual forma, existe un organismo de control de este tipo de situaciones que es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias (SEPBLAC). Tanto a través del cumplimiento normativo como a través de este organismo de control, las autoridades pretenden reducir y controlar cualquier situación de riesgo en esta materia.

Esta normativa afecta a todas aquellas entidades que intervienen de alguna forma en el sistema financiero por gestionar o intermediar en el movimiento de capitales. La ley detalla un amplio rango de entidades como sujetos obligados a su cumplimiento. Dentro de estas entidades se encuentran entidades de crédito, entidades aseguradoras, servicios de inversión, gestoras de fondos de pensiones, entidades de pago, servicios postales de giro o transferencia, etc. Son muchas las entidades que deben acogerse al cumplimiento de esta normativa.

La ley de blanqueo establece las medidas preventivas y los protocolos de actuación que deben llevar a cabo estas entidades para detectar y evitar un intento de blanqueo de capitales. Uno de los aspectos más relevantes a los que se da peso en este texto es la necesidad de formar e informar a todos los empleados de la organización en estas medidas (artículo 29). Ello es así, porque en caso de un fraude si los empleados no han adoptado las medidas preventivas y de comunicación fijadas por normativa puede haber importantes sanciones para las entidades obligadas.

 

Eva Mª Gómez
Product Manager contenidos e-learning
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